La Expresión del Teenager
Johanna Villasmil
Lo que hemos vivido en los últimos días
en Venezuela, después de haberse iniciado un grupo de manifestaciones que
conllevaron a enfrentamientos violentos, muertes, detenciones arbitrarias y
torturas; ha colocado al gobierno de Venezuela en la mira internacional y ha
demostrado la realidad de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras.
Basados en el Estatuto de Roma, el pasado
7 de abril un grupo de parlamentarios de partidos de derecha latinoamericanos
denunciaron al presidente de la República, Nicolás Maduro; al presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; al ministro de Justicia y Paz, Miguel
Rodríguez Torres; a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y a
la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ante la Corte Penal Internacional de
La Haya, por presuntos casos de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma establece en su
artículo número 7 que un crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos
siguientes (asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación,
prostitución forzada, encarcelación o persecución, desaparición forzada,
secuestro o cualquier acto inhumano) cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque”.
Tribunal de La Haya se le denomina a un
conjunto de tribunales internaciones que tienen sede en la ciudad de La Haya,
Países Bajos. Cuenta con el Tribunal Permanente de Arbitraje, el Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal
Internacional. La solicitud se hizo ante esta última, la cual se encarga de
juzgar crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
Las investigaciones se pueden iniciar por
solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por el
Fiscal de la Corte; en este caso se le hace la solicitud es al fiscal. Después
de ello los antecedentes son revisados por la Cámara de Asuntos Preliminares.
Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde
se realiza el juicio. Se puede apelar ante la Cámara de Apelaciones. Las penas
pueden ser de prisión, multa y decomiso de las propiedades del condenado; y
pueden ser llevadas acabo en el país sede de la Corte o en otro de acuerdo con
los convenios.
198 parlamentarios de ocho países de la
región, miembros de la Alianza Parlamentaria Democrática fueron los encargados
de respaldar la denuncia ante la Fiscalía de la Corte, que fue entregada por
los diputados Cornelia Schmidt Lierman de Argentina, Adrián Olivia de Bolivia,
presidente de la alianza, y Cecilia Chacón de Perú. Respaldaron sus denuncias
con un informe realizado por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia,
que da constancia de la violencia cometida.
Según el comunicado difundido en
argentina “los parlamentarios solicitaron que se investiguen las violaciones
generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ejecutadas por cuerpos
militares, policiales y paramilitares”. Además expresa que hay “elementos que
tipifican, palmariamente crímenes de lesa humanidad, por haber ocurrido durante
los días indicados asesinatos, torturas, violación y detenciones masivas e
indiscriminadas(…) Existen además 1.200 detenidos y 300 heridos. Se cuenta con
40 casos de tortura documentados, que serán las pruebas que vamos a presentar”.
En oportunidades anteriores se había
intentado denunciar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional de
La Haya, pero estas habían sido sin resultado. Esperan que ahora con el apoyo
del Estatuto de Roma si se pueda tomar acción contra los presuntos casos de lesa
humanidad que han ocurrido dentro del territorio nacional. Los parlamentarios
quieren también demostrarle a los venezolanos que existe una preocupación
mundial por lo que estamos pasando y que no estamos solos en esta lucha por
nuestros derechos.
Los quiere Joha
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